Comunicado PST Internacionalista (19.01.2015): Ante la política empresarial de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), que no cese la lucha obrera

Coca Cola

Tenemos que defender la acción directa teniendo la ocupación de las fábricas y centros de trabajo que le son sustraídos al pueblo trabajador, la auto organización obrera de la producción y la huelga general como herramientas definitorias e insustituibles de nuestra lucha

El Comité Ejecutivo del Partido Socialista del Trabajo (PST) Internacionalista, en fecha 19 de enero de 2015, decidió emitir el siguiente comunicado:

Comunicado PST Internacionalista de 19 de enero de 2015. Ya ha pasado más de una semana desde que se manifestaran los trabajadores de Coca-Cola exigiendo la ejecución inmediata de la sentencia de la Audiencia Nacional. La respuesta de CCIP y del gobierno –que, evidentemente, está al entero servicio de la multinacional estadounidense y sus tentáculos- no se ha hecho esperar y ha consistido en proceder al desmantelamiento de la planta de Fuenlabrada (Madrid) con la cobertura del Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes han llevado a cabo una detención y han efectuado varias cargas contra los trabajadores –hiriendo a cuatro de ellos.

Pero empecemos por el principio: ya hace prácticamente un año desde que las embotelladoras de Coca-Cola presentaron un Expediente de Regulación de Empleo, una jugarreta que se urdió cuando estaba a punto de firmarse el convenio colectivo y bajo los auspicios de la reforma laboral. En la fábrica de Fuenlabrada, amenazada con el cierre, se puso en marcha una huelga indefinida que duró 60 días, pero la aprobación del ERE provocó que los trabajadores acudieran a los tribunales y que organizaran guardias permanentes en la entrada de la planta para evitar su cierre.

Finalmente, la Sala de lo Social de la AN resolvió el recurso declarando nulo el ERE –que afectaba a 1.190 trabajadores- y los 821 despidos ejecutados, con base en las siguientes razones:

a) Por violación del derecho de huelga al utilizar esquiroles y suplir los productos que habrían correspondido a los trabajadores declarados en huelga por los de otras fábricas. Recordemos en este punto que uno de los contenidos esenciales del derecho de huelga, como derecho subjetivo de los trabajadores interpretado por el Tribunal Constitucional, consiste en “colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y de ese modo limitar la libertad del empresario, a quien se le veda contratar otros trabajadores y llevar a cabo arbitrariamente el cierre de la empresa (STC 11/81)”.

b) Porque el nuevo empleador es un grupo de empresas que había constituido formalmente un grupo laboral ilícito como empresario. Cada concesión es independiente; la empresa propietaria es una mercantil laboral y cada ERE sólo puede aplicarse en la misma empresa y no en empresas ajenas. Así lo vieron igualmente los informes emitidos por la Inspección de Trabajo y así ocurrió en un precedente tan significativo como el de Roca.

c) Por incumplimiento sistemático de las obligaciones de información, consulta y negociación que corresponden en el supuesto de cambio de titularidad de la empresa.

d) Porque la comisión negociadora no recibió plan alguno de reestructuración de la producción.

La sentencia es diáfana y obliga a la readmisión de los afectados en su puesto de trabajo y bajo las mismas condiciones laborales en las que se encontraban antes de producirse el despido; pero la empresa incumple dicha sentencia y no hace otra cosa que recurrir al Tribunal Supremo con el objetivo de ir eternizando el conflicto para que los trabajadores vayan viendo mermadas sus fuerzas y acaben desistiendo.

Ante tal situación, la AN dicta otro auto de ejecución provisional para que se produzca la reincorporación inmediata de los 351 trabajadores que lo han solicitado a fecha de diciembre de 2014. Sin embargo, CCIP vuelve a eludir la decisión judicial al enviar cartas de recolocación en fábricas que se encuentran fuera de la CA de Madrid a 236 de los trabajadores que habían sido despedidos; no se cumplen las condiciones de contratación anteriores al despido y se va cronificando el drama de unas personas que no reciben su salario desde el mes de abril y que no cobran el paro desde hace dos meses.

Se trata del colofón de un proceso en el que CCIP ha estado utilizando las trapacerías más rastreras frente a las justas reivindicaciones de los trabajadores y la profesionalidad de la Inspección de Trabajo y de los tribunales: trapicheos mercantiles y societarios al margen de la ley para forzar los despidos; las peores prácticas de esquirolaje para vulnerar el derecho de huelga; enfrentar los intereses corporativos de las diferentes fábricas en el seno de la misma comisión negociadora y, por encima de todo, el chantaje sobre los trabajadores para que aceptaran voluntariamente las medidas que iban a aplicárseles –bajo amenazas de despido con 33 días por año cotizado, máximo 24 meses- y comprometieran a los sindicatos en la negociación.

La empresa llora sus supuestas pérdidas con lágrimas de cocodrilo y datos falseados, con la desfachatez y falta de transparencia que les permite la reforma laboral para permitir despidos masivos e injustificados; lo hace a la par que se descubren los beneficios multimillonarios que contrastan impúdicamente con la injusticia cometida sobre los trabajadores. La deslocalización de la producción y, de este modo, la drástica reducción de los costes laborales como consecuencia del cierre de muchas fábricas, de la degradación de los salarios y las condiciones de trabajo y de los despidos es la política empresarial a seguir, a costa de la desindustrialización del país y de la pauperización de su clase obrera.

Pero este triste cometido no sería posible sin el nauseabundo servilismo exhibido por el PP y los efectos de la devastadora reforma. Un gobierno que toma decisiones y legisla en exclusivo beneficio de una élite y que coadyuva con el poder económico para que aplaste los derechos de la ciudadanía y burle la acción de las instituciones del Estado no merece el calificativo de gobierno sino de camarilla inmunda.

El Estado de Derecho es un marco trasnochado en plena implosión imperialista y neoliberal; CCIP ha llegado a incumplir incluso las directivas en materia laboral de la UE, como también argumentó la AN en su primera sentencia. Las instituciones que fueron propias de la época dorada de la concertación social son inútiles dada la actual correlación de fuerzas capital / trabajo y el modelo de desarrollo económico dominante; se impone el fascismo empresarial sin ningún recato y con la total implicación de partidos “democráticos” como el PP.

Es por ello que nosotros, el PST Internacionalista, apelamos a “un sindicalismo de clase que parta de la convocatoria de asambleas obreras en cada puesto de trabajo y/o sector y ceda el protagonismo a la auto organización de los propios trabajadores” (art. II.2.2 de los Estatutos), porque sabemos dónde estamos, qué nos jugamos, qué nos está pasando y a qué y a quienes nos enfrentamos. No podemos depender de unas instituciones desbordadas y ajenas al mundo del trabajo, ni tampoco de unas cúpulas sindicales que son a un tiempo correa de transmisión del capital y muro de contención de las demandas obreras; tenemos que defender la acción directa teniendo la ocupación de las fábricas y centros de trabajo que le son sustraídos al pueblo trabajador, la auto organización obrera de la producción y la huelga general como herramientas definitorias e insustituibles de nuestra lucha.

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